LA INDEPENDENCIA

 

    INTRODUCCIÓN. Libertad, Orden y Progreso fueron las tres palabras mágicas que movieron el siglo XIX. Libertad fue la primera en el tiempo y la que tuvo mayores resonancias propias. Por lograrla se sacrificó una generación entera y su resultado fue la Independencia. Orden fue la segunda, pues se puso de moda entre los años 1830 y 1850. Traía ecos coloniales y entró en conflicto con la primera. Por imponer el Orden se sacrificó la Libertad en no pocos lugares. Orden fue, además, una palabra ambigua, que servía para implantar el centralismo o el sistema federal, la constitución o el movimiento anticonstitucional, el autoritarismo o la tiranía.

    Mediado el siglo, la palabra que se impuso fue Progreso, que venía a ser sinónimo de ferrocarriles, líneas telegráficas, vapores y caminos. El Progreso era algo foráneo que hubo que pagar a un precio muy elevado y que sólo fue posible implantar donde había Orden y, a menudo, poca Libertad.

Los ideólogos iberoamericanos agotaron sus esfuerzos por hacer compatibles las tres palabras emblemáticas del siglo y al cabo comprendieron que la primera de ellas, Libertad, era casi imposible de hermanar con las otras dos.

    La característica administrativa de los Borbones fue dividir Hispanoamérica en numerosas islas administrativas vinculadas a la metrópoli, lo que facilitaba la explotación económica y evitaba el peligro de una unificación de las Indias frente a la Península. Una revolución antiespañola en el virreinato del Perú durante el siglo XVII habría supuesto el enfrentamiento de toda Sudamérica con Madrid, pero en la centuria siguiente Lima no tenía absolutamente ninguna potestad sobre el Río de la Plata ni sobre el Nuevo Reino de Granada.

    Los habitantes de Hispanoamérica ya habían dado claras muestras de estar dispuestos a tomar las armas en defensa de los intereses regionales antes de sentir la gran arremetida de las reformas borbónicas tras la guerra de los Siete Años. Así encontramos una serie de levantamientos, y entre los más significativos, aunque fue poco cruento, la citada revuelta ciudadana de Quito (1765).

    Los movimientos que estallaron quince años después en Nueva Granada y Perú poseían muchas de las características de la rebelión quiteña. Éstos sirvieron para recordar a la Corona que, incluso en la era de la intensificación del absolutismo, en la práctica su autoridad no podía sobrepasar ciertos límites.

    Por otra parte, en las últimas décadas del siglo XVIII, los criollos fueron adquiriendo cada vez más conciencia de sí mismos como grupo, a medida que aumentaba su prosperidad y se ensanchaba la distancia que les separaba de los peninsulares. Aunque las reformas de la administración traían la promesa de un mejor gobierno, no pudieron satisfacer a los criollos, ya que se les negaba el acceso al control de éste, pese al preeminente lugar socioeconómico que ostentaban.

    Los criollos, aunque había algunas excepciones, tenían que contentarse con puestos de menor importancia, y si alguna vez se les concedían cargos de más categoría, habían de desempeñarlos en partes del Imperio muy alejadas de su tierra natal. Esta situación constituía una afrenta intolerable para el orgullo criollo.

    Cuando el Gobierno Central se percató del peligro y quiso conjurarlo nombrando intendentes criollos, lo que hizo en diversas zonas a partir de 1810, el problema no tenía remedio, pues era evidente que este poderoso colectivo no estaba dispuesto a aceptar simplemente una participación en la administración. Ahora querían invertir la situación anterior y ser ellos quienes ejercieran el gobierno de América.

    Por tanto, tras las causas de los movimientos independentistas de Hispanoamérica se encuentra el resentimiento y las aspiraciones de los criollos: resentimiento por impedírseles participar en la administración, y aspiraciones de excluir a los españoles del gobierno de «sus» territorios.

    En toda Hispanoamérica la sociedad del siglo XVIII  -básicamente rural-  está compuesta en gran medida por indios, sometidos a una gran presión tanto por parte de la Corona, como por los hacendados, mineros y mercaderes, todos ellos mayoritariamente criollos, deseosos de integrar a los indios en la economía de mercado para así explotarlos como mera mano de obra. Como consecuencia de esto había una violencia endémica, caracterizada por continuos disturbios, actos de resistencia, asesinato de funcionarios, etc.

    Por otro lado encontramos entre la minoría criolla, económicamente dirigente, y la gran mayoría esclava, un gran espacio ocupado por un número cada vez mayor de individuos inseguros, básicamente mestizos, que proporcionaron la materia prima necesaria para las rebeliones y conspiraciones republicanas.

    Con excepción de la pequeña minoría peninsular, todos los grupos de la compleja estructura social que compone el mundo de la Colonia tenían claros motivos de queja, lo que condujo a revueltas urbanas protagonizadas por los mestizos, a rebeliones de esclavos y a una resistencia endémica de los indios que estalló, en diversos momentos, en forma de insurrección de masas. En todos estos casos, los criollos y los peninsulares unieron sus fuerzas para proteger su supremacía social, política y económica.

    Sin embargo, cuando esta frágil alianza entre peninsulares y criollos se rompió, cansados estos últimos de que pese a ser el poder económico y social eran relegados en el poder político que ansiaban, se produjo la eclosión de los movimientos independentistas y con ellos el fin de la Colonia.

 

    QUITO  EN  LA  FASE  PREVIA  A  LOS  MOVIMIENTOS   LIBERTARIOS.  Como hemos dicho con anterioridad, el territorio de la Audiencia de Quito, que en líneas generales coincide con el actual Ecuador, estuvo integrado durante bastante tiempo en el virreinato peruano, aunque fue desgajado del tronco materno tras la creación del virreinato de Nueva Granada. Con este último, y a través de sus pares, las grandes familias quiteñas ampliaron sus vínculos familiares, económicos y políticos, a partir de hábiles estrategias de parentesco y uniones matrimoniales.

    Resulta claro, dadas las amplias relaciones existentes entre los distintos territorios coloniales, que el proceso de liberación e independencia se estudie como un conjunto complejo de acontecimientos, en los que los acaecidos en cada territorio no sean más que un eslabón en la cadena del proceso de liberación. Algo semejante ocurrió con la Colonia, cuya comprensión pasa por el conocimiento del fenómeno en todos los territorios, como si de un todo unitario se tratara.

    El panorama económico de la Audiencia de Quito en la segunda mitad del siglo XVIII aparece marcado por la diferenciación productiva sierra/costa. Mientras en la primera se consolidaba la gran propiedad, con una producción orientada a los mercados locales y regionales, en la costa tenía lugar un proceso expansivo de gran magnitud, asentado en la economía de plantación y en la exportación de cacao y cascarilla, dirigidos fundamentalmente a los mercados internacionales, y con centro en el puerto de Guayaquil, donde también encontramos una floreciente industria en relación con los astilleros.

    Como ya apuntamos, mientras la alta sociedad serrana del Norte tiende sus lazos hacia el virreinato de Nueva Granada, en la costa Sur los intercambios con el Perú, a través del puerto de El Callao, y con Chile eran muy intensos y variados, y los intereses de los comerciantes limeños en Guayaquil considerables. Estos hechos bastan para explicar la segregación de los territorios bajo la órbita de Guayaquil a principios del siglo XIX y su vinculación al virreinato peruano.

    Los grandes propietarios quiteños, peninsulares y criollos, poseían haciendas no sólo en el distrito de Cinco Leguas (como también se llamaba el corregimiento de Quito), sino también en las provincias al Sur y Norte de la capital, en los valles del callejón intraandino, principalmente en la villa de Ibarra y en los asientos de Latacunga y Otavalo, e incluso en territorios alejados como Popayán. De estas haciendas provenía el sustento, tanto alimenticio como de materias primas, de la capital. No hay una unidad estructural en todo el ámbito serrano, encontrándose grandes diferencias entre las distintas zonas; por ejemplo, encontramos una especial orientación ganadera, para abastecer los obrajes, en la provincia de Pichincha, y un amplio desarrollo de los cultivos de trigo, cebada, maíz y papas en la de Cotopaxi.

    La destrucción de toda la industria americana que pudiera competir con la española fue un claro objetivo de la Corona, especialmente a partir de 1778.

    A pesar de esta política, articulada a finales del período borbónico por orden del virrey Ozana, los obrajes de Quito continuaron funcionando cuando se retiraron los españoles.

    Sin embargo, no hay la menor duda de que la liberalización del comercio en 1778 tuvo efectos perjudiciales en la industria textil. En el caso de Quito, esta decadencia industrial comenzó antes y estuvo provocada tanto por factores internos como externos. Entre los primeros figuraban las terribles epidemias que asolaron los centros de producción textil, una serie de terremotos y la subida del precio de los tintes; por su parte, entre los externos se cuentan el aumento de la competencia extranjera como resultado del contrabando y de la introducción en «registros sueltos» en los mercados del Pacífico y la reestructuración de las rutas comerciales llevadas a cabo tras el cierre de las ferias de Portobelo.

    Se ha señalado también que el aumento de la demanda europea de cacao a partir de 1778 y los intentos oficiales de fomentar la industria minera, hicieron que los comerciantes capitalistas de Quito retiraran sus inversiones de la arriesgada industria textil en favor de estas nuevas.

    Por otro lado, a principios del siglo XIX, Europa estaba inmersa en las guerras napoleónicas, que al igual que las anteriores confrontaciones bélicas que afectaron al territorio europeo, también repercutieron de forma directa en América, y especialmente en el comercio transatlántico, forzando a abrirse los mercados ultramarinos a otras naciones, lo que afectó considerablemente no sólo a la economía hispana, sino también a la de los territorios coloniales, y muy especialmente a sus industrias.

 

    LAS INTRIGAS DE LA CORONA CONTRA LA INDUSTRIA QUITEÑA. Antonio Caballero y Góngora, el conservador arzobispo y virrey, consideraba la agricultura y la minería como «algo más conforme al Instituto de las Colonias», mientras que la industria proporcionaba «las manufacturas que deben recibir de la Metrópoli». Otro funcionario colonial, Francisco Silvestre, expresaba un punto de vista similar, en 1789: «El prever una cierta relación de necesidad de este Reino con los de España para mantener su dependencia es sumamente preciso; y por lo tanto no conviene permitir fábricas de tejidos finos de lana, algodón o seda, como se pretende en Quito, y pudiera hacerse aquí».

    Como se ve, cualquier intento de ampliar o mejorar la organización industrial y la producción, o de llegar al mercado de lujo, era cortado por las autoridades. El territorio quiteño fue, sin duda, una de las principales víctimas.

    Quito, que se había recuperado lentamente de la depresión a comienzos de siglo, era ahora el blanco principal de las críticas de Caballero y Góngora contra la industria colonial, y señaló con satisfacción que su producción había sido severamente afectada por la competencia del mercado libre, que introdujo el comercio directo desde España con el Pacífico.

    El valor anual de las manufacturas de Quito «se computaba valer más de millón y medio de pesos; pero con el nuevo aspecto que recibió el comercio después de aquella época, y el que últimamente ha tomado con el comercio libre, ha decaído, en términos que en el día sólo se cree podrá llegar a seiscientos mil pesos». De nuevo era esto una aplicación de una antigua política.

    Se dio un caso notable: a mediados del siglo XVIII un plan del conde de Gijón y del marqués de Maenza de ampliar la industria textil de Quito fue frustrado por los funcionarios locales, que actuaban por órdenes secretas recibidas desde Madrid.

 

    EL  NACIONALISMO  INCIPIENTE. Poder político y orden social eran las exigencias básicas de los criollos. Pero, aunque España hubiera querido y podido responder a sus necesidades, los criollos no hubieran estado satisfechos mucho tiempo. Las peticiones de cargos públicos y de seguridad expresaban una conciencia más profunda, un desarrollado sentido de la identidad, una convicción de que los americanos no eran españoles. Este presentimiento de nacionalidad sólo podía encontrar satisfacción en la independencia.

    Al mismo tiempo que los americanos empezaban a negar la nacionalidad española, se sentían conscientes de las diferencias entre sí mismos, porque incluso en su estado prenacional, las distintas colonias rivalizaban entre sí por sus recursos y pretensiones. América era un continente demasiado amplio y un concepto demasiado vago como para atraer la lealtad individual. Sus hombres lo eran de los territorios en que vivían y habían nacido, y era en su propio país, y no en América, donde encontraban su patria. Este sentido de la identidad se limitaba a los criollos, e incluso éstos eran conscientes de una ambigüedad en su posición.

    Como Bolívar recordó: «no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Americanos por nacimiento y europeos por derechos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los invasores; así, nuestro caso es el más extraordinario y complicado».

    Hasta donde había una nación, era una nación criolla, porque las castas tenían un oscuro sentido de la nacionalidad, y los indios y negros ninguno en absoluto. Las divisiones existentes al conformarse los movimientos de liberación, basadas en las regiones preespañolas y en las posteriores áreas coloniales, promovían más el regionalismo y un amplio sentido de arraigo local. Y después de 1810 fueron adaptadas como armazón territorial de los nuevos estados, bajo el principio de «uti possidetis», o, como exponía Bolívar: «la base del derecho público que tenemos reconocido en América. Esta base es que los gobiernos republicanos se fundan entre los límites de los antiguos virreinatos, capitanías generales, o presidencias».

    Por otro lado, la naturaleza reforzó las divisiones impuestas por el hombre y la dificultad de las comunicaciones separaba, más que unía, cada colonia de sus «vecinas». Los Borbones mejoraron los caminos, los servicios postales y las comunicaciones marítimas del imperio, pero los obstáculos naturales, los formidables ríos, llanuras y desiertos, las impenetrables selvas y montañas de América eran demasiado grandes para vencerlas.

    El regionalismo se reforzó debido a las divisiones económicas. Algunas colonias disponían de excedentes agrícolas y mineros para exportar a otras y quebrantaron las barreras legales puestas al comercio intercolonial. Cuando estas barreras fueron oficialmente levantadas, a partir de 1765, el Gobierno Imperial estimuló el comercio interamericano, pero no pudo realizar la integración económica.

    Del mismo modo, los virreyes y otros funcionarios, españoles o criollos, asumieron la posición regionalista de su colonia y la apoyaron contra sus rivales. En segundo lugar, aunque pudiera parecer que el nacionalismo colonial se definía menos contra España que contra otras colonias, en realidad los americanos habían aprendido la lección de que sus intereses económicos tenían pocas posibilidades de encontrar una audiencia imparcial en el gobierno imperial, que las rivalidades interregionales eran consecuencia inevitable del dominio colonial, y que necesitaban un control independiente sobre su propio destino. Y después de 1810 cada país buscaría una solución e intentaría resolver sus problemas económicos estableciendo relaciones con Europa o los Estados Unidos sin preocuparse por sus vecinos, más que por el temor de la agresión y la anexión ilegal de territorios, como ocurrió en el caso del Ecuador con Perú, en fechas no muy  lejanas y que aún en nuestros días es motivo de disputa.

    El nacionalismo incipiente también alcanzó cierto grado de expresión política. Éste era el significado de la irreprimible exigencia americana de cargos públicos, una exigencia que probablemente tenía más que ver con razones de patrocinio que con la verdadera política. Pero era una prueba más de una presunción cada vez mayor: que los americanos eran diferentes de los españoles.

 

    EL  PENSAMIENTO  REVOLUCIONARIO. Los historiadores, especialmente los hispanoamericanos que investigan sobre los orígenes de la identidad nacional y de los movimientos independentistas, han estudiado detenidamente el influjo de la prensa, reflejo de nuevas ideas y foro del descontento hacia el gobierno español.

    Básicamente nos encontramos con que la revolución iberoamericana tiene sus planteamientos teóricos en directa relación con un fenómeno que marcará, desde inicios del XIX e incluso hasta el momento actual, el fenómeno social. Nos referimos al rápido acceso a la información y la difusión del pensamiento.

    Las ideas de la Ilustración tuvieron una cierta importancia en la aparición de la agitación revolucionaria en Hispanoamérica a finales de la época colonial, a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades virreinales, incluido el Santo Oficio, para impedir que circulasen y se discutiesen.

    De ahí la importancia del periodismo, que estaba perfectamente establecido en Hispanoamérica desde finales del siglo XVIII, y que fue el gran difusor y vulgarizador de las ideas ilustradas. En Quito encontramos el «Primicias de la Cultura de Quito», fundado en 1792 por Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, ciudadano quiteño, y que fue condenado a prisión por hacer declaraciones en contra de la política adoptada por el Gobierno español en su ciudad y atribuir el retraso económico de ésta a la incompetencia de la Corona. A él pertenece su «Retrato de Golilla», una cruenta sátira del estado burocrático español, anquilosado y obsoleto, y el engalanamiento irónico de la ciudad de Quito con banderines de tafetán rojo el 21 de Octubre de 1792, cuando en todas las calles, plazas y rincones de la ciudad flamea la leyenda: «Liberi Esto, Felicitatem et Gloriam Consecuto. Salve Cruce» (Sed Libres, Conseguiréis la Felicidad y la Gloria. Salve a la Cruz), aunque dado el carácter irónico de la leyenda podría tener una doble lectura (Sed Licenciosos, Conseguiréis la Felicidad y la Gloria. Salve a la Cruz).

    Asimismo, la literatura de la Ilustración circulaba en Hispanoamérica con relativa libertad, encontrándose escritos de Newton, Locke, Adam Smith, Descartes, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, Condillac y D’Alambert, entre otros. Los lectores de estas obras eran los virreyes y otros altos funcionarios, que además eran normalmente quienes traían estas obras, miembros de las clases profesionales y de negocios, personal universitario y eclesiástico.

    Suponer, sin embargo, que el pensamiento de la Ilustración por sí mismo hizo revolucionarios a los hispanoamericanos es confundir causa y efecto. Poseer un libro no significaba necesariamente aceptar sus ideas. A los lectores americanos a menudo les movía sólo la curiosidad intelectual; querían saber lo que pasaba en el mundo entero y se resentían por los intentos oficiales de mantenerlos en la ignorancia, dando la bienvenida a las ideas contemporáneas como instrumento de reforma, no de destrucción.

    Algunos eran ya disidentes y por esa razón buscaban un apoyo de pensamiento y una inspiración y justificación intelectual para sus actos, que ya despuntaban la revolución venidera. Sin embargo, las muchas objeciones que contra el régimen colonial tenían la gran masa de pobladores americanos, eran más de carácter pragmático que ideológico, y en ello hay que buscar el verdadero germen independentista.

    Por otra parte, los movimientos de liberación hispanoamericanos tomaron ejemplo más de la Revolución Norteamericana que de la Francesa. La razón hay que buscarla en que de esta manera veían resuelto el problema de conseguir la libertad política sin tener que implantar la igualdad social.

    La influencia de los Estados Unidos de Norteamérica fue beneficiosa y duradera. En los años antes y después de 1810 la propia existencia de este nuevo país excitó la imaginación de los hispanoamericanos, y su encarnación de libertad y republicanismo colocó un poderoso ejemplo ante sus ojos.

    Las obras de Tom Paine y de Franklin, los discursos de John Adams, Jefferson y Washington circulaban en Hispanoamérica. Muchos de los precursores y líderes de la independencia visitaron los Estados Unidos y conocían sus libres instituciones de primera mano; Bolívar respetaba a Washington y admiraba, aunque nunca ciegamente, el método de conseguir y desarrollar su libertad, «el trono de la libertad y el asilo de las virtudes», los llamaba él.

    En el caso de la gran mayoría de los hispanoamericanos influyentes, el anticatolicismo y el igualitarismo de la Ilustración se rechazaron, no a causa de las actividades de la Inquisición, sino porque esta elite americana era política y socialmente conservadora y, por tanto, absolutamente partidaria de mantener el orden social establecido.

    De hecho, las ideas de la Ilustración fueron tamizadas bajo este pensamiento, reconvirtiendo las ideas de libertad, igualdad, reforma religiosa y reconstrucción social, en un proceso de cambio exclusivamente material y con una modernización dentro de los límites impuestos por el orden social y político establecido.

    Sin embargo, los ideólogos de la revolución hispanoamericana tuvieron suerte a la hora de dar forma a las ideas ilustradas dentro de su encorsetado complejo socio-cultural. Esto se debió a que las ideas de la Ilustración no llegaron directamente de Francia, sino de España, viniendo por ello desteñidas y descargadas del fuerte contenido social originario. Nada tenían del racionalismo inglés y muy poco del enciclopedismo francés, por lo que los criollos pudieron manejar sin dificultad y a su conveniencia dos fuentes de autoridad contrapuestas como Razón y Fe.

    Por ello, los más fervientes ilustrados fueron incondicionales católicos y a menudo clérigos. También compaginaban los principios sociales de igualdad humana y esclavitud o privilegio de clase. Muchos ilustrados defendían la necesidad de importar más esclavos para la «prosperidad» de las colonias o de poner freno a la ascensión de los «pardos» porque esto restaba mano de obra a la agricultura, verdadero bien de las naciones.

    Frecuentemente los nobles locales  —marqueses y condes-  eran también grandes representantes de la Ilustración. En teoría política eran más monárquicos que republicanos, pero detractores del absolutismo. Donde la razón se desbordaba sin diques era en el cultivo de las ciencias naturales, llamadas a producir mejoras económicas para la felicidad general. En este terreno se produjo el choque con los saberes tradicionales que fueron postergados por anacrónicos y causantes del estancamiento en que vivían las colonias.

    La Ilustración tuvo un largo período de desarrollo y es difícil comparar a sus regidores criollos de 1770 con los de 1810. Los del principio del siglo XIX habían recibido el poso de las dos revoluciones, la norteamericana y la francesa, y estaban mucho más politizados. Propugnaban la ruptura del pacto social, la representación de las instituciones e incluso las ideas republicanas. En casi todas las capitales iberoamericanas había ya seguidores de las ideas jacobinas que se enfrentaron a los conservadores.

    Los ilustrados, especialmente los de fines del régimen colonial, demostraron una verdadera vocación docente, que produjo la expansión de su pensamiento a través de las universidades, las sociedades de amigos del país y, como ya hemos apuntado, la prensa. En las primeras se hicieron reformas en los planes de estudio para dar cabida a las ciencias naturales que desplazaron a las enseñanzas de Filosofía, Teología y Latín, fundándose cátedras de Botánica, Biología y Matemáticas en diversas universidades. La expulsión de los jesuitas replanteó toda la política universitaria por parte del Estado, y las nuevas instituciones técnicas docentes, como los Colegios Metálicos, promovidos por los Tribunales de Minería, fueron también otra ayuda eficaz, así como la de las expediciones botánicas.

    Las sociedades económicas se convirtieron en verdaderos círculos de ilustrados progresistas y combinaron la cultura con la economía, preocupándose por el fomento de la agricultura, el comercio y la industria. Ejemplo de esta circunstancia es la Sociedad Patriótica de Amigos del País, con sede en Quito.

    Los suscriptores de los periódicos, los miembros de las sociedades y los alumnos regresados de las universidades se correlacionaban entre sí y formaban un cuadro de criollos ilustrados capaz de relevar a los peninsulares en la administración. La correspondencia de los precursores demuestra la existencia de estas complejas redes desde los primeros años del nuevo siglo. Sin el caldo de cultivo de la Ilustración, y sobre todo sin su prensa, habría sido imposible movilizar las masas para la revolución.

 

    LA  ESPAÑA  DE  COMIENZOS  DEL  SIGLO  XIX. El siglo XIX se inicia en España bajo el reinado de Carlos IV. Había tomado posesión del trono en 1788, cuando murió Carlos III, y va a tener la peculiaridad de inaugurar la larga lista de monarcas españoles exiliados.

    Incapaz de hacer frente a los azarosos problemas de su tiempo, que comenzaron con la Revolución Francesa al año siguiente de su coronación, dejó los asuntos de gobierno en manos de su mujer, María Luisa de Parma, y principalmente de su primer ministro, Godoy, verdadero artífice de la política española durante la época: la guerra contra Francia (1793-1795), contra Inglaterra dos veces (1796-1802; 1804-1808) y contra Portugal (1807-1808).

    Su gobierno era criticado en todos los territorios pertenecientes a la monarquía, pero frente a la voluntad omnímoda de Godoy sólo estaba en aquellos momentos la del Príncipe de Asturias (el futuro Fernando VII). Éste último conspiró repetidas veces para hacer caer a Godoy, e incluso al propio Rey, su padre.

    Esta situación y los acontecimientos posteriores no podrían ser comprendidos sin relacionarlos con los intereses y actitudes de la gran potencia del momento: el Imperio napoleónico francés. Ni Portugal ni España tenían monarquías poderosas, ni fuerza suficiente para enfrentarse a los ejércitos que habían triunfado en toda Europa. Casi todos los países europeos, con sus colonias, eran ya satélites franceses. La unión a ellos de Portugal y España hubiera dejado a Gran Bretaña en una comprometida situación. Éste era el propósito de Bonaparte.

    En 1807 coinciden dos acontecimientos determinantes: el tratado de Fontainebleau, por el que España permitía el paso de las tropas francesas en su camino a Portugal, y el intento de Fernando VII por aproximarse a Napoleón en contra de Carlos IV y Godoy.

    La conspiración fue descubierta a tiempo y perdonada, pero todo lo ocurrido sirvió a Napoleón para calibrar la verdadera situación de la familia real española y la facilidad con que podía conquistar el país. A principios de 1808 los efectivos militares franceses aumentaron y la familia real se trasladó a Aranjuez, por consejo de Godoy, para tener más fácil el exilio americano, similar al de los reyes portugueses.

    El 17 de marzo de 1808 estalló el Motín de Aranjuez y Godoy fue depuesto y encarcelado. Carlos IV, temeroso, renunció a la corona, que pasó a su hijo Fernando VII. Éste entró triunfante en Madrid y fue acogido con júbilo por la población, que ya le apodaba el Deseado. Pero al mismo tiempo entraba también en la capital un gran ejército francés bajo las órdenes de Joaquín Murat, que todos pensaban iba dispuesto a sostener al nuevo monarca español. La verdad es que Napoleón ofreció la corona a su hermano José, que la aceptó.

    Napoleón planteó una conferencia en Bayona para solucionar el problema español. Carlos IV y Fernando VII acudieron, incluso Godoy, y todos ellos quedaron retenidos en el exilio mientras Napoleón, por mediación de su hermano, organizaba el futuro inmediato de España.

    La insurrección del pueblo madrileño, duramente reprimida por Murat, se extendió a otras ciudades y provincias, donde comenzaron a formarse Juntas de Gobierno para dirigir la resistencia contra los invasores. Esta lección caló en Hispanoamérica, que buscará dos años después una fórmula similar ante una situación parecida.

    España se dividió en dos. La primera era la ocupada por los franceses, pero en ella colaboraban muchos españoles progresistas, tildados de «afrancesados», que creyeron en la necesidad de cambiar el país según el modelo europeo. En la segunda estaba toda la reacción, pero también los ilustrados que buscaban un nuevo modelo político.

    La guerra de independencia fue larga y compleja. El exilio de los monarcas y la ocupación de Madrid por tropas francesas dio origen a un movimiento eminentemente popular, sin cuadros dirigentes preestablecidos. Las provincias en rebeldía formaron Juntas de Gobierno autónomas, que en muchos casos se llamaron Supremas, y que asumieron provisionalmente la autoridad en nombre del rey Fernando VII. El desorden político de estas juntas empezó a debilitar la resistencia española.

    El enfrentamiento tuvo distintas etapas, siendo de especial importancia para el posterior desarrollo de la Historia de España la jura de la 1.ª Constitución en 1812. A partir de esta fecha Napoleón pensó en abandonar la guerra hispana, pues otros frentes le requerían con más premura. En 1813 decide la liberación de Fernando VII, y ante la inutilidad de persistir en el frente peninsular cierra la frontera pirenaica al avance de los aliados centroeuropeos.

    Fernando VII fue aclamado con auténtico júbilo, pero en los círculos intelectuales liberales existía una enorme preocupación por saber si juraría la Constitución vigente de 1812. Pronto se disipó la duda: suprimió las Cortes constitucionales y anunció que iba a convocar otras a la antigua usanza, restableció la Inquisición, expulsó a los afrancesados, trajo la Compañía de Jesús, suprimió el Ministerio de la Gobernación y ordenó una «caza de liberales».

    Este período, conocido como el sexenio absolutista, está caracterizado por continuos pronunciamientos liberales. Hubo por lo menos nueve hasta el pronunciamiento de Riego de 1820, que puso fin a esta  etapa.

 

EL GERMEN INDEPENDENTISTA

 

    GENERALIDADES. Habría que preguntarse las razones por las cuales Iberoamérica no comenzó sus movimientos emancipatorios hasta ya iniciado el siglo XIX, sobre todo cuando resulta curioso que la fuerza militar hispanoamericana estaba sostenida, configurada y apoyada por los propios iberoamericanos, siendo insignificante la presión militar metropolitana.

    Iberoamérica no necesitó independizarse hasta 1810 porque antes estuvo creciendo y configurándose. De hecho, tuvo una oportunidad anteriormente cuando se produjo el relevo de la dinastía austriaca por la borbónica, pero el interés, sobre todo económico, era contrario a esta opción y por ello no se produjo.

    Sin embargo, a comienzos del XIX tenía ya entidad propia y era consciente de su poder socioeconómico, que había llegado a su límite de crecimiento por causa del sistema colonial. Entonces, y sólo entonces, exigió su libertad, porque era cuando realmente la necesitaba.

    El año 1808 fue uno de los más trágicos de la historia comercial, ya que no llegaban a Hispanoamérica buques de ninguna nacionalidad. Faltaron hasta los artículos de subsistencia, como es el caso del trigo, y los productos coloniales bajaron a precio de saldo dado el gran excedente acumulado. Se comprendió entonces que las colonias ultramarinas no podían vivir bajo un régimen de monopolio comercial.

    A finales de este mismo año esta situación cambió, pues el levantamiento español contra Napoleón convirtió improvisadamente a los ingleses en aliados. De este modo 1809 fue un año excelente para todos.

    Sin embargo, 1810 se abrió con los presagios de una situación similar a la de 1808, ya que España había sido ocupada totalmente por los franceses y vinculada al carro napoleónico y antibritánico. Hispanoamérica no podía soportar otra contracción comercial más y puso los medios oportunos jugando la carta del autogobierno.

    Como consecuencia de esta inestable situación, Hispanoamérica vivió en el bienio 1808-1809 una gran agitación política, preludio del estallido revolucionario de 1810. La primera sorpresa de los hispanoamericanos fue comprobar que la caída de Godoy, a quien se odiaba por haber acentuado la presión fiscal, no originó el relevo general de los virreyes y capitanes generales que él había nombrado, como hombres de confianza, con lo que todo quedó como estaba. En estos momentos, José Fernando de Abascal era el virrey del Perú, cargo en el que se mantuvo hasta 1810.

    Durante 1808 la actividad principal fue desarrollada por los propios españoles que vivían en América bajo el temor de que las autoridades godoístas no reveladas se plegaran a los intereses franceses y aceptaran al rey José I, lo que produciría la secesión de las colonias.

    En 1809, en cambio, la acción corrió por cuenta de los criollos que empezaron a presionar para conseguir el predominio en los cabildos metropolitanos y para que se formasen Juntas de Gobierno Provinciales similares a las de España, lo que les permitiría un régimen de gobierno autónomo. De entre estos últimos movimientos libertarios destaca el quiteño, cuyo inicio se localiza a finales de 1808.

 

    LA  CONSPIRACIÓN  DE  QUITO. Este movimiento tiene su origen en una conspiración de los criollos para instaurar una Junta de Gobierno en el Reino. La acaudillaba el marqués de Selva Alegre y participaban en la misma el doctor Antonio Ante, el doctor Juan de Dios Morales, el abogado Manuel Rodríguez de Quiroga y el coronel Juan Salinas, entre otros. El plan fue descubierto por las autoridades y los comprometidos fueron apresados el 1 de marzo de 1809, iniciándose un proceso. Un extraño asalto a la sede del tribunal hizo desaparecer los expedientes del juicio y los acusados fueron puestos en libertad.

    Los conspiradores contaron luego con el apoyo de otros criollos y se reunieron en una casa cercana a la catedral la noche del 9 de agosto de 1809 para organizar el golpe revolucionario del día siguiente. Si triunfaba se formaría una Junta de Gobierno con representantes de los cabildos pertenecientes a la Presidencia de Quito, que actuaría en nombre del rey Fernando VII. Hasta la constitución de ésta, actuaría una Junta Provisional presidida por el Marqués de Selva Alegre, de la que sería vicepresidente el obispo José Cuero y Caicedo y secretarios Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga y Juan Larrea.

    El día 10 de agosto por la mañana el doctor Antonio Ante se presentó ante el presidente Manuel Urríes y le entregó el comunicado de la Junta Interina que solicitaba su dimisión, mientras en las calles la tropa de Salinas vitoreaba a la Junta Suprema de Quito. Urríes renunció y se constituyó la Junta con lo más selecto de la oligarquía local: cuatro marqueses y un conde. El presidente fue, efectivamente, el marqués de Selva Alegre y el vicepresidente el obispo Cuero, sin embargo como vocales fueron designados los marqueses de Villa Orellana, San José de Solanda y de Miraflores, además del conde de Selva Florida y los patricios Morales, Quiroga, Larrea, Matheu, Zambrano, Benavides y Álvarez.

    Se repartieron las carteras de Secretaría del Interior, de Gracia y Justicia y de Hacienda, y se hizo un llamamiento a otras ciudades para que secundaran el movimiento.

    Finalmente el 16 de agosto se trató de «legalizar» el golpe mediante un Cabildo realizado en la sala capitular del convento de San Agustín, contando con representantes de los barrios quiteños, del Ayuntamiento, del clero, etc.

    Abolieron el monopolio del tabaco, bajaron los impuestos y alistaron más tropas al ejército miliciano local. Algunos revolucionarios ofrecieron sus propias contribuciones a la causa, mientras que otros intentaron secuestrar las propiedades eclesiásticas.

    Los dos virreyes próximos de Santa Fe y Lima enviaron tropas contra Quito. Ante el avance realista por Popayán y Cuenca, la Junta decidió autodisolverse y devolver el gobierno al presidente Urríes el 28 de octubre del mismo año. Los españoles encarcelaron a 84 patriotas comprometidos con los sucesos y realizaron a continuación unos procesos que sembraron mayor descontento entre la población. La revolución de los marqueses había tenido poco respaldo popular, pero la persecución de sus promotores originó un verdadero estado de opinión general contra la autoridad.

    Al terminar 1809 las noticias de los sucesos de Quito, y de otros lugares como Charcas, corrían por toda Hispanoamérica como ejemplos del malestar criollo ante la dominación española. Ésta necesitaba ya asentar su autoridad con escarmientos ejemplares. La experiencia adquirida en la formación de Juntas de Gobierno autónomas, aunque frustrada, parecía un mecanismo revolucionario utilizable como fórmula de transición política. Una nueva coyuntura permitiría su mejor aprovechamiento.

    Los juicios contra los patriotas implicados en el movimiento del 10 de agosto repercutieron mucho, como ya hemos apuntado, en la opinión pública quiteña, que supo entonces de la próxima llegada del comisionado regio, Don Carlos Montúfar, hijo del marqués de Selva Alegre, que había presidido la Junta de Gobierno de 1809. El Gobernador Ruiz de Castilla temió alguna insurrección y acentuó las medidas de seguridad, ordenando nuevas detenciones que exaltaron más los ánimos.

    El 2 de agosto de 1810 se originó la matanza de Quito. Unos patriotas intentaron asaltar los cuarteles para liberar a los presos y las tropas realistas aprovecharon la ocasión para hacer una tremenda matanza de prisioneros  -asesinaron a más de sesenta patriotas- , así como un saqueo en los barrios. Algunos quiteños señalaron que el propio Gobernador promovió la acción.

    Un mes después, el 12 de septiembre, arribó a Quito el comisionado D. Carlos de Montúfar. Siete días más tarde logró reunir a las personalidades más relevantes en el Gobierno y les propuso la formación de una Junta de Gobierno que estaría integrada por el gobernador Ruiz de Castilla, el obispo, el comisionado, un representante del municipio, otro del cabildo eclesiástico, dos de la nobleza y cinco de los barrios quiteños. Era una fórmula transaccional en la que predominaba la imagen gaditana de la regencia. Una vez elegidos los representantes, se formó la Junta Superior, el 22 del mismo mes. Ruiz de Castilla quedó como Presidente y Montúfar como Vicepresidente.

    El pueblo había participado poco en la primera revolución, pero la represión española consiguió hacer lo que el exclusivismo criollo no había logrado, reuniendo una amplia base de la población en este segunda revolución.

    La Junta no fue reconocida ni en Guayaquil, ni en Cuenca, ni en Loja, donde los realistas, respaldados por el virrey Abascal, desde Lima, se dispusieron a la guerra, no sin antes enviar a un nuevo Presidente para la Real Audiencia, D. Joaquín Montes, que no pudo tomar posesión de su cargo en la capital, aunque sí fue reconocido por Guayaquil.

    Acciones importantes de la Junta fueron la declaración de la Independencia respecto a Santa Fe de Bogotá (9 de octubre) y al Consejo de Regencia (11 de octubre), aunque la publicación de esta última se pospuso hasta el año siguiente. La Junta de Gobierno de Quito, presidida por el antiguo Gobernador Ruiz de Castilla, logró desconcertar a la regencia, que la aprobó por creer que seguía la fórmula gaditana propuesta a las Américas, aunque pronto se convenció de su carácter separatista.

    En octubre de 1811 el Presidente Ruiz de Castilla renunció o fue eliminado de su cargo, que pasó a desempeñar el obispo Cuero, verdadero dirigente de la sublevación quiteña. El hecho puede parecer insólito, pero bueno es recordar la frase atribuida al General D. Francisco de Paula Santander: «Venezuela es un cuartel, Colombia una escuela y Quito un convento». Se convocó entonces un congreso, presidido también por el obispo, el 4 de diciembre del mismo año, en el cual se acordó proclamar la independencia del territorio.

    Era el segundo país hispanoamericano que lo hacía, tras Venezuela; también se preparó una Constitución que dio origen al enfrentamiento de los grupos conservador y monárquico por una parte (los aristócratas) y revolucionario y republicano (criollo) por otra, triunfando el último de ellos. La Constitución fue proclamada solemnemente el 15 de febrero de 1812 con el nombre de «Pacto solemne de la Sociedad y Unión entre las provincias que forman el Estado de Quito» y establecía un Supremo Congreso de elección popular. Lamentablemente, esta Constitución no gobernaría a los quiteños más que un año.

    La caída de Quito sobrevino como consecuencia del cerco realista y las disensiones internas. Los españoles atacaban desde Pasto, Cuenca y Guayaquil, aislando a los patriotas en el interior. Las disensiones surgieron entre los partidarios de Carlos Montúfar y del marqués de Villa Orellana. El primero fue destituido del mando de las tropas que atacaron Cuenca, a cuyo frente se puso al cubano Francisco Calderón, que obtuvo un ruidoso fracaso. Montúfar abandonó Quito y fue a combatir a Nueva Granada.

    A la revolución le faltaron hombres y recursos y ni siquiera durante esta segunda y más popular fase de la revolución quiteña se consiguió el apoyo de las masas indias. Por el contrario, muchos indios apoyaron al antiguo régimen y fueron reclutados para las fuerzas realistas de Cuenca, como es el caso del cacique de Azoguez y sus honderos.

    El virrey del Perú, José Fernando de Abascal, era un hábil y fuerte político, que demostró durante su mandato la falta de simpatía hacia las gentes que tenía que gobernar, haciendo un gran daño moral a la causa española. Debido al alzamiento libertario de la Audiencia, definió a Quito como «este País imbécil», y a sus ciudadanos, como movidos por «su mala disposición». Con esta predisposición, la acción del virrey Abascal no se hizo esperar. Sustituyó al inepto de Molina por el Gobernador Toribio Montes, que derrotó en Mocha a las tropas patriotas dirigidas por el doctor Antonio Ante, lo que le permitió entrar en la capital el 8 de noviembre de 1812. Poco después, Sámano venció en Ibarra a las tropas republicanas de Checa. En diciembre de 1812 los realistas volvían a dominar el reino de Quito al que se impuso otra Constitución en 1812: la española.

    Conservador como era Abascal, el constitucionalismo español se le antojaba demasiado radical. Desde la segunda mitad de 1812 se vio obligado a llevar a cabo una serie de reformas encaminadas a aplacar la opinión criolla: destitución de funcionarios impopulares, nombramiento de más criollos para cargos públicos, abolición del tributo indio y de la mita y libertad de prensa.

    La mayor parte de estas medidas ofendían profundamente sus creencias conservadoras. Se vio también obligado a abolir la venta de cargos públicos, los antiguos cabildos hereditarios y su reemplazo por organismos elegidos anualmente, así como  la elección de diputados a las cortes españolas.

    El General Toribio Montes, una vez eliminados los líderes rebeldes, impuso una política de auténtica reconciliación, y eso fue bastante para tranquilizar a las masas populares.

    De este modo los españoles continuaron mandando en Quito y fue necesaria una combinación de insurgencias desde dentro y liberación desde fuera para derribar su gobierno en 1820.

 

    CAUSAS  DE  LA  INDEPENDENCIA. Tradicionalmente se han venido apuntando toda una serie de causas básicas que motivaron los movimientos independentistas, de los que nos hemos hecho eco a lo largo de estas páginas, y que ahora vamos a concretar esquemáticamente:

    CAUSAS INTERNAS:

    1) Pésima administración metropolitana;

    2) Inmoralidad burocrática;

    3) Régimen monopolista mercantil;

    4) Relajación de las costumbres, sobre todo por parte del clero;

    5) Postergación de criollos y mestizos;

    6) Servidumbre indígena;

    7) Tiranía y crueldades por parte de los españoles peninsulares hacia los indígenas, y en menor medida hacia mestizos y criollos;

    8) Restricciones culturales impuestas desde la Metrópoli.

    CAUSAS EXTERNAS:

    9) El Enciclopedismo y la Ilustración;

    10) Vinculación de los criollos a los centros políticos europeos;

    11) Papel de las Sociedades Secretas y Culturales;

    12) Influencia de la independencia de los Estados Unidos y, en menor medida, de la Revolución Francesa;

    13) Propaganda realizada por los jesuitas expulsados.

    Teniendo como base esta casuística, la independencia intentaba un cambio relativo del modelo impuesto, incidiendo sobre todo en:

    ASPECTO SOCIAL

    En un primer momento la pretensión principal fue lograr que los criollos, minoría autóctona con poder económico y social, tuviesen plenos derechos como los españoles peninsulares. Sin embargo, y como ha quedado dicho, posteriormente las pretensiones de este grupo cambiaron, y su único deseo fue ocupar el puesto de los españoles, contando con la retirada de éstos, el último peldaño en el escalafón social que les restaba por conquistar.

    ASPECTO POLÍTICO

    El control total de su organización, su actuación, etc., se mostró como el objetivo natural a la vista del crecimiento socioeconómico de Hispanoamérica.

    ASPECTO ECONÓMICO

    Había un gran malestar contra la metrópoli y sus impuestos excesivos, su control sobre las producciones y los nuevos productos a cultivar, exención de derechos de exportación para algunos artículos, agilización de los trámites aduaneros y libertad de comercio.

    En contra de lo que usualmente se cree, los criollos no eran un grupo homogéneo, ya que solamente una minoría de ellos se encontraba en el más alto peldaño del escalafón indiano, mientras que la mayoría estaba en una situación mejor que la que tenían los «pardos», pero sin alcanzar las posibilidades de los grandes hacendados y comerciantes, verdadero motor económico colonial.

 

 

LAS LUCHAS POR LA INDEPENDENCIA

 

    GENERALIDADES. Los cuatro años transcurridos entre 1810 y 1813 son de gran interés desde el punto de vista político, pues fueron verdaderamente revolucionarios. En este lapso los criollos trataron de llevar a cabo una transición política incruenta y una revolución económica, cuyo fin último era desmontar el orden colonial.

    Estos experimentos duraron poco al surgir una fuerte reacción conservacionista, originándose el enfrentamiento de ambos bandos y el comienzo de una etapa de guerras. Los patriotas se olvidaron pronto de las reformas y se ocuparon de lo único importante, la guerra, porque sin ella no podrían obtener la libertad.

    Estructurar las economías nacionales fue el gran reto de los patriotas, que se encontraron con sus mercados tradicionales bloqueados en una coyuntura mundial especialmente compleja. Sirva como ejemplo lo que representó para Quito perder sus mercados de tejidos, tanto interiores como exteriores, como el mercado del consumo del cacao, del que era uno de los grandes exportadores, tanto a México como a España.

    La transición política a través de los cabildos metropolitanos fue el procedimiento utilizado por los grupos de la oligarquía criolla. Fue un método inteligente, pues evitando derramamientos innecesarios de sangre establecía una evolución natural del estado colonial al autónomo y de éste al independiente. Todo ello fue posible dado el vacío de poder institucional que supuso que la Corona española estuviese secuestrada en manos de Francia.

    El sexenio absolutista, con Fernando VII a la cabeza, tuvo una importancia extraordinaria, ya que las políticas liberales de entendimiento con los «rebeldes» americanos fueron suprimidas, quedando únicamente abierto el camino de la guerra. La supresión de la Constitución de 1812 fue bien recibida por los grupos conservadores americanos, que se sintieron respaldados en sus posesiones ultramontanas, y convenció a los patriotas liberales de que la metrópoli no estaba dispuesta a ceder un ápice en sus postulados colonialistas trasnochados y caducos.

    Los acontecimientos más importantes del sexenio absolutista fueron dos jugadas maestras de los generales José de San Martín y Simón Bolívar, que lograron infiltrarse en las espaldas del poderío realista y asentaron dos golpes certeros en Chile y Colombia, preparando el derrumbe español. Fueron dos acciones extremadamente audaces y con gran semejanza, como fue el acceso imprevisto a la cordillera andina desde el Este, que dejó sin parapeto a los realistas. La primera de ellas se efectuó en 1817 y la segunda en 1819. Con ellas las tropas libertadoras pudieron combatir en el Pacífico y canalizar sus esfuerzos contra Perú, el gran fuerte de los españoles en Sudamérica.

 

    LA  RESPUESTA  DE  LA  CORONA. En 1818, Fernando VII proyectó el envío de un gran ejército español a las colonias americanas para extirpar de raíz todo movimiento libertario o autonomista. Se trataba de un gran contingente de tropas (unos 22.000 hombres) cuyo destino, en principio, iba a ser el Río de la Plata, para sofocar los brotes independentistas que desde Buenos Aires y Paraguay ascendían por todo Sudamérica.

    Su salida estaba preparada para el año 1819, y de haberse concretado hubiese tenido consecuencias desastrosas para la independencia hispanoamericana, pero afortunadamente se fue demorando su salida. Para transportarlo hacía falta una gran flota que España no tenía, aunque ante la imposibilidad de fabricar una dado su elevado costo, optó por comprar una flotilla rusa de segunda mano que el zar había ofrecido a muy buen precio. Ésta resultó encontrarse en pésimas condiciones para la navegación transatlántica según dictamen de una comisión real. Una epidemia de peste amarilla azotó luego Cádiz y obligó a dispersar las tropas para evitar mayores bajas.

    Todo esto habría servido de poco de no ser por la idea de las logias gaditanas de aprovechar aquel gran ejército para realizar un pronunciamiento contra el absolutismo y en defensa de la monarquía constitucional. La conspiración quedó lista para finales de 1819, pues el ejército debía partir para América a comienzos del año siguiente. La dirigían los dos coroneles Quiroga y López Baños y varios comandantes como Riego, Arco Aguero y San Miguel. Uno de los primeros objetivos era apresar al jefe del ejército, pues el conde de La Bisbal (O’Donnell) fue sustituido por el general Calleja.

    El pronunciamiento se inició el 1 de enero de 1820. El comandante Riego se alzó en Cabezas de San Juan y proclamó la Constitución de 1812, marchando inmediatamente hacia Arcos, donde prendió al general Calleja. El coronel Quiroga salió de los Gazules y entró en San Fernando, pero fue detenido al intentar entrar en Cádiz. Los sublevados se encerraron en la isla de León, donde permanecieron mes y medio en espera de que otras guarniciones secundaran su acción. Las tropas fieles al monarca mantuvieron el cerco, pero sin acciones ofensivas.

    El pronunciamiento parecía abocado al fracaso cuando el 21 de febrero se alzó el coronel Azevedo en La Coruña, apresó al capitán general y se proclamó la Constitución. Zaragoza, Barcelona, Pamplona y Cádiz siguieron su ejemplo, y el conde de La Bisbal se sublevó en Ocaña con las tropas que debían dominar a los rebeldes. Atemorizado, Fernando VII anunció el 6 de marzo su propósito de convocar las Cortes, y el 9 decidió jurar la Constitución.

    Los liberales gobernaron durante un trienio, de gran importancia para Hispanoamérica, pues se inició evitando que un enorme ejército invadiese los países del Río de la Plata, lo que hubiese alargado sobremanera el proceso independentista. El liberalismo español ordenó además negociaciones con los patriotas, lo que permitió a éstos actuar con mayor oportunidad en los momentos que tenían las fuerzas apropiadas.

    El trienio liberal de la Península Ibérica (1820-1822) resultó decisivo para la independencia de las colonias americanas que lograron, o consolidaron, su emancipación. Entre ellas se encontraba la Real Audiencia de Quito, más tarde denominada República del Ecuador. Aquí se marca el punto final de la historia que compartieron los pueblos ibéricos e iberoamericanos. A partir de aquí se produjo el distanciamiento de ambos bloques. Habían concluido trescientos años de vida en común que dejaron una huella muy profunda en todas ellas: España por su vocación americana y América por su clara ascendencia ibérica.

    En el Norte de Sudamérica, Bolívar trabajó intensamente durante el trienio para forjar simultáneamente la independencia y la construcción de la Gran Colombia (en origen República de Colombia en honor del descubridor de América), integrando dentro del mismo a Venezuela, Nueva Granada, Panamá y Quito. El intento fracasó y sólo quedó un país con el nombre de Colombia, la antigua Nueva Granada.

 

 

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Bibliografía: Infopedia en Español